Tras conocerse la sentencia, la candidata socialista a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, considera que el actual alcalde debe “pedir perdón y explicar el por qué de esta persecución contra un trabajador, que va a costar miles de euros a las maltrechas arcas municipales”.
El PSOE de Algeciras ha instado hoy al alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, a dar explicaciones sobre el despido improcedente de un informático de la empresa pública Algesa, de la que es presidente, y, por tanto, máximo responsable. Concretamente, tal y como ha aparecido publicado, el juez entiende que, tras despedir al trabajador, Algesa contrató a otra persona para ese puesto “a sabiendas” de que iba a tener que subrogarlo como trabajador de CTM, al asumir el servicio de transporte urbano.
Para la secretaria general del PSOE y candidata a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, esta condena firme a Algesa y, por tanto, al propio Ayuntamiento, viene a oscurecer aún más la gestión de una empresa pública que ya está cuestionada, incluso por el propio Tribunal de Cuentas. Asimismo, Arrabal se pregunta “por qué no se ha dado cuenta a los consejeros de Algesa de esta situación, de la que una vez más, como en tantas otras cuestiones relativas a este gobierno opaco y falto de transparencia, se han tenido que enterar por la prensa”.
A este respecto, Arrabal ha recordado que hace más de cuatro meses, en el Consejo de Administración del pasado 5 de octubre de 2022, el PSOE ya preguntó si había más denuncias contra Algesa, sin conseguir que el equipo de gobierno llegara a aportar la más mínima respuesta. “Hoy sabemos que sí había más denuncias, entre ellas, la del despido ahora declarado improcedente de un trabajador, con costes añadidos para las arcas municipales que se podrían haber evitado si no tuviéramos que padecer la política caprichosa y sin sentido del actual alcalde”.
La candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad recuerda a Landaluce que “el Ayuntamiento de Algeciras no es su cortijo” y que “tanto la administración local como las empresas públicas que prestan los servicios están sometidos a la normativa administrativa, laboral y penal”.
En este caso concreto, tras quedar demostrado ante la Justicia, después de dos años, que se trató de “un despido caprichoso y sin justificación objetiva alguna”, Arrabal considera que el actual alcalde debe “pedir perdón” y dar explicaciones a la ciudadanía.
“Que deje de esconderse y dé la cara, y aclare públicamente el por qué de esta persecución contra un trabajador, que además tiene una discapacidad reconocida de un 65%; una persecución completamente reprobable e impropia de un representante político, y que nos va a costar muchos miles de euros de dinero público, que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos”, ha añadido Arrabal, recordando también que “sigue sin saberse nada” de la auditoría de Algesa, que el PSOE también solicitó en octubre poder conocer, y que “siguiendo la senda de la falta de transparencia no nos facilitan, lo que indica que algo hay que nos quieren esconder”.