Hoy finalizó el plazo de exposición pública y presentación de alegaciones al acuerdo del pleno municipal celebrado el pasado 8 de julio, en el que se acordó solicitar al Gobierno de España la celebración de una consulta popular sobre la conversión de La Línea de la Concepción en Ciudad Autónoma.
El alcalde, Juan Franco, ha confirmado que durante este periodo, que ha durado veinte días hábiles, han alegado tanto la Junta de Andalucía como la Subdelegación del Gobierno de España. El regidor entiende que ninguno de los razonamientos expuestos “cuenta con un sustento técnico adecuado, porque se basan únicamente en cuestiones políticas. Con lo cual, evidentemente, no podemos estar de acuerdo”.
Por tanto, la intención será resolverlas en un pleno que se celebrará “lo antes posible y continuar con el procedimiento”. No obstante, será la Secretaria General del Ayuntamiento, como máxima autoridad jurídica, quien estudie dichas alegaciones para tomar una decisión en uno u otro sentido.
Ante la posición contraria de los gobiernos estatal y autonómico de dotar a la ciudad de un régimen especial para los problemas singulares que padece, el alcalde vuelve a recriminarles que no ofrezcan ninguna propuesta alternativa. “Medidas sociales, ninguna; seguimos perdiendo puestos de trabajo como consecuencia del Brexit, sigue sin haber una regulación específica para los trabajadores españoles en Gibraltar en relación con sus cotizaciones sociales y así podemos seguir, casi, hasta el infinito”, manifestó Juan Franco.
A partir de ahora los pasos serán, primero, la celebración de un pleno en el que se estimen o rechacen las alegaciones presentadas y, si procede, se acuerde por mayoría absoluta del número legal de concejales la celebración de la consulta popular. Acordada la celebración, el alcalde a través del Presidente de la Junta de Andalucía solicitará la preceptiva autorización al Gobierno de la Nación en aplicación del art. 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Se remitirá al Gobierno para su autorización junto con el informe correspondiente, en un plazo no superior a veinte días hábiles desde la recepción del acuerdo plenario.
Simultáneamente, el alcalde remitirá certificación literal del acuerdo y copia del expediente a la consejería competente.
Si el Gobierno acuerda la autorización de la celebración de la consulta, el presidente de la Junta de Andalucía dará traslado del mismo a la consejería competente para su remisión al municipio interesado en los dos días hábiles siguientes.
A partir de ahí, corresponde al alcalde de la Línea de la Concepción convocar la consulta popular local, mediante decreto, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la recepción de la comunicación del otorgamiento de la autorización, fijando los términos de la consulta, la duración de la campaña de información e indicando que corresponden a la Junta Electoral de Zona las funciones de control y seguimiento del proceso electoral. Dicho decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
