Los hechos se suceden los dias 26, 27 y 28 de Diciembre de 2016 en la prisión de Botafuegos (Algeciras), donde un interno con una larga trayectoria penitenciaria, que data del año 2010, provoca un incendio en su propia celda, poniendo en peligro, la vida de los Funcionarios que sofocan el fuego y tienen que ser tratados en la propia enfermería del centro por inhalación de humos, la del resto de internos de las celdas contigüas e incluso su propia vida.
No satisfecho con que los trabajadores le hubieran salvado de perecer asfixiado o quemado, en los dias posteriores les agrede e insulta y amenaza gravemente de muerte; todos los hechos son puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Algeciras por la Dirección del Establecimiento Penitenciario, por si éstos pudieren ser constitutivos de delito.
La fecha de la celebración del juicio quedó fijada para el dia de hoy, acto que no llegó a celebrarse porque se llegó a una conformidad entre las partes, de modo que una petición fiscal que era de 6 años, finalmente quedó en 18 meses de privación de libertad y una multa de 1375 euros por los daños ocasionados, que posiblemente no pagará porque se declarará insolvente. A los funcionarios allí presentes ni se les preguntó ni se les tuvo en cuenta en ningún momento, ni siquiera declararon y ésto ocurre porque la abogacía del estado no se persona en los juicios penales
Desde el Sindicato Acaip-Ugt manifiestan que el colectivo de empleados penitenciarios sufre una agresión cada 36 horas y los hechos se ponen en conocimiento del Juzgado de Guardia competente, situaciones como la de hoy se suceden de forma continuada en todas las prisiones españolas, donde ni se nos reconoce la condición de Agentes de la Autoridad ni interviene la Abogacía del Estado.
De las primeras declaraciones que hizo el Ministro del Interior en el Senado en referencia a los Funcionarios de Prisiones fueron “que nada más llegar al Gobierno había puesto a la Abogacía del Estado a disposicion de los trabajadores penitenciarios” cuando la realidad es otra bien distinta, a fecha de hoy aún está regulada por una Instrucción del 2001, de la que damos fé que es obsoleta e ineficaz.
El borrador de la Ley de Cuerpos Penitenciarios, recoge y regula la Protección Jurídica que actualmente requiere el colectivo de prisiones, actualmente atascada a causa del desinterés de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
