La mayoría de los casos de corrupción política se producen en el terreno urbanístico de las ciudades. Son procesos, aparentemente sencillos, en los que los ayuntamientos abren a concurso público obras para instalar una fuente o reparar una rotonda, las empresas licitadoras se presentan al concurso y “misteriosamente” gana el concurso una ‘empresa amiga’ que realiza dicha obra por debajo del precio de las demás.
A priori, todo bien, pero lo que nadie cuenta es que esa obra que supuestamente iba a ser muy barata se empieza a encarecer con elevadísimos sobrecostes que incluso pueden llegar a doblar la cuantía inicial del presupuesto de licitación. Esos supuestos sobrecostes que genera la obra se lo reparten entre el empresario y el político de turno, creando una trama corrupta en el seno de una institución pública.
Además, en la licitación de una obra con bajo presupuesto existe un alto riesgo de que lo barato salga caro al tener que aumentar dichos sobrecostes por reparación o mantenimiento de una pésima obra. Ante esta situación, desde LIBRES proponemos que los sobrecostes superiores al 10% presupuestado inicialmente sean pagados por la empresa licitadora y no por el ayuntamiento para evitar la corrupción política y sanear las cuentas del ayuntamiento.
